Del torvo morral

Casi 300 casos de acusaciones contra policías pasan y pasaron por la Dirección de Asuntos Internos; en el alcoholímetro hay “multas” hasta por cinco mil pesos para librarlo. Altos costos de las grúas en el mismo operativo. 

Héctor Cobá

@HctorCob

Abuso de autoridad, clara violación a la ley, ineptitud policial, y afrenta de los derechos humanos hacen crecer la desconfianza hacia los indignos que deben cuidar la integridad de los cancunenses. Una muestra, un ciudadano con tres costillas fracturadas a manos de un elemento de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPT), el 26 de noviembre de 2016.

Tras la agresión física sufrida esta persona (que se suma a los golpes propinados por agentes policiales a periodistas, ciudadanos y exregidores; de los que se entera la opinión pública) se vio obligada a recorrer las instancias policiacas (llenas de mediocridad): la Dirección de Asuntos Internos de la SMSPT, judiciales (la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo) y de derechos humanos (segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo) después de dejar el hospital donde permaneció dos días.

Urgidos sí que lo están los policías “gerenteados” por José Luis Jonathan Yong Mendoza, encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, por orden de Rembertito Estrada, el presidente municipal; de cursos de urbanidad, de derechos humanos, de ortografía y redacción, de relaciones humanas, de trabajo en equipo, de hábitos  de estudio, de investigación documental, así como de urbanidad, aprender a leer y aprender a aprender. Antes de pensar en la certificación única policial fundamentada en la Ley General del Sistema Nacional, que acredita el personal de seguridad pública que debe proteger a la sociedad mexicana. 

Y es que el día especificado, el personaje, iba en su vehículo y al pasar por el Programa Conduce sin Alcohol (o alcoholímetro); en el cruce de la avenida López Portillo con Andrés Quintana Roo, a las 21:00 horas; un oficial le indicó que se parara, solicitó que baje su cristal de la nave, lo que cumplió. Enseguida el agente introduce las manos al auto y pide soplar, se lleva las manos a la nariz, y de inmediato le señala que pase.

No obstante, a unos 10 metros aproximadamente, otro oficial, al parecer Gilberto Ocampo Hernández, le hace señas para que, de nuevo, se detenga y se repite procedimiento anterior; esto no convence y hacen lo mismo otra vez con un tercer oficial; éste repite por tercera vez la prueba.

Así el par de elementos municipales le proponen estacione su coche, que baje y entregue las llaves, después de hacerlo lo trasladan a la mesa de pruebas, y al realizar la primera prueba, una vez le ordenan que sople de nuevo; a lo que pidió que por favor se cambiara la pipeta, y el gendarme se negó con el argumento que los equipos no acumulan el nivel. Fueron tres veces las que hicieron soplar al detenido. A continuación de la tercera vez lo trasladan a una mesa donde estaba una señorita de tez blanca, la que se pone a llenar un formulario, ¡desaparecido!, preguntando si tenía alguna queja con el operativo del alcoholímetro; el ciudadano respondió que no.

 

Costillas quebradas

De pie en ese momento el quejoso se dispuso a tomar su licencia de conducir y tarjeta de circulación, en ese momento el policía Daniel Francisco Esquivel Cab, lo pateó con su pie por atrás de sus rodillas lo que ocasionó cayera al piso de su lado izquierdo, donde dos agentes más lo retienen en el piso, ahí el oficial que lo pateó y tiró al suelo, apretó de manera exagerada las esposas, con violencia y fuerza innecesaria, tanta que se rompió el reloj que traía en la muñeca, y por el impacto su teléfono celular salió destrozado.

Ante el reclamo de que estaba abusando de su poder y de su persona, y que sólo había cometido una falta administrativa y no un delito, que no le habían leído sus derechos antes de poner las esposas, ya que no era un delito lo que había cometido; para rematar Esquivel Cab se paró y se dejó caer con la rodilla derecha en su costado derecho fracturándole tres costillas, por lo que fue hospitalizado en el IMSS de la Cobá, de donde fue dado de alta el 29 de noviembre.

De nuevo le señaló que abusaba de su poder, y le mencionó su nombre y cargo, contestando lo siguiente: “que a él le valía verga quien era, porque muchos amanecían embolsados en la selva”.

Acto seguido bien adolorido y quejando por el rodillazo recibido en las costillas, lo trasladan a donde estaba otro oficial, que lo toma del cuello y el hombro para que le tomen fotografías de frente y de perfil.

Hace su aparición el agente policiaco Lázaro Rueda Leyva con una bolsa transparente con un polvo blanco para incriminarlo, asegurando que estaba entre sus pertenencias del ya lastimado, éste segundo niega tal cosa afirmando que no es de él ni estaba en su auto. Y ante la situación la juez, ante la cual estaba las pertenencias del reclamante: su cartera, su licencia, sus joyas y su reloj roto; cuyo nombre fue borrado de las denuncias y respuestas a éstas. Le dijo le harían un antidoping, lo que el detenido aceptó se hiciera, que estaba de acuerdo, si se consignaba a una autoridad federal y el antidoping se haga a él y a Lázaro Rueda Leyva.

Hastiada del asunto la juez se vio complacida cuando al de las costillas quebradas, lo toman con fuerza de las esposas y llevan a la patrulla número económico P-0057, donde había una persona más. Rápido son trasladados al Centro de Retención Municipal, a toda velocidad, pasando así el chofer topes y baches, por lo que  a gritos pidió que, por favor, redujera la velocidad debido a los intensos dolores, lo que nunca sucedió.

Ya en el Torito lo jalan otra vez de las esposas, lo bajan y llaman por su nombre, y le expresan “le  vamos a quitar las esposas”; aunque mientras esperaba turno para ser atendido sufrió un desvanecimiento; sin saber por cuánto tiempo; cuando reaccionó sólo escuchó le decían su nombre, “¡despierte!, ya se va libre por medio de un amparo *”; debido al insoportable dolor preguntó ¿cómo se iba a ir? La respuesta que recibió fue “aunque sea caminado, llégale”. Como no se movió lo trasladaron a la avenida Los Tules, levantado entre dos oficiales, que lo sentaron en la banqueta con los pies en el arroyo vehicular, y por el dolor que sufría como pudo se recostó y jaló hacia atrás para pegarse a la pared.

 

Salvado por un amigo

Un rato después apareció su amigo SD, quien llegó en representación de la autoridad del centro de trabajo donde labora, él abrió la puerta del Centro de Retención y lo vuelve a introducir ahí para esperar la llegada de una ambulancia de la Cruz Roja. Supone que se desmayó de nuevo, ya que cuando despertó estaba en el Hospital General de Zona del Seguro Social en la avenida Cobá, en el centro de la ciudad de Cancún.

Según los datos del servicio proporcionado por la delegación cancunense de la Cruz Roja Mexicana, la llamada  entró a las 00:13 horas del sábado 27 de noviembre, misma hora que salió la ambulancia para el Torito, a donde llegó a las 00:21, y en 10 minutos se hicieron los trámites, para salir hacia el Seguro Social de la Cobá, como lo conocen los cancunenses, a las 00:31, estando de regreso a su base de la Cruz Roja, a las 01:01 horas, en la madrugada del 27 de noviembre.

En la primera revisión los paramédicos de la ambulancia QR 006, determinaron tras la evaluación inicial que había recibido una agresión física, según los datos del servicio proporcionado por la delegación cancunense de la Cruz Roja Mexicana; incluso dicho reporte no marca para nada algo referente a la ingestión de alcohol ni alguna alteración debido a este.

Y eso que acusaron al dañado de alcoholismo en segunda fase de intoxicación alcohólica, ¿qué es esto? “Fase hipnótica o de confusión, con irritabilidad, agitación, somnolencia, cefalea. Disartria, ataxia, dismetría. Náuseas y vómitos”. ¿Entenderán los policías claramente las 11 definiciones de los términos utilizados? 

Tras ser atendido en el área de Urgencias salió con el diagnóstico médico de policontundido, aunque se le tomó una radiografía no se detectaron las fracturas, recetándole analgésicos para los dolores, incluso así regresó al Torito para recoger sus pertenencias, ya el 27 de noviembre, porque entre ellas estaba doblada la boleta de infracción. 

Ya en su domicilio incluso con los dolores trató de descansar, y como era insoportable el dolor en el cuerpo regresó a la clínica del Seguro Social de la Cobá, el 28 de noviembre, donde permaneció hospitalizado dos días; tras los estudios y análisis se le diagnosticaron tres costillas fracturadas. Causadas por el agente Daniel Francisco Esquivel Cab, quien se dejó caer sobre su humanidad y lo esposó, como se narra líneas arriba.

En la copia del expediente administrativo SMSPT/DAI/325/11/2016 de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, con fecha 30 de noviembre de 2016, el denunciante exigió, así quedó registrado, los nombres de los elementos que trabajaron el 26 de noviembre de 2016, en el Programa Conduce sin Alcohol (o alcoholímetro), “las fotos que tenga la autoridad, así como videograbaciones que haya, y cualquier elemento probatorio para poder encontrar la verdad de los hechos”.

Como prueba para demostrar la mediocridad y falacias de declaraciones verbales y por escrito, el golpeado por policías, en el horario de 19:45 a 5:00 horas del día siguiente; escrito en el expediente o queja administrativa SMSPT/DAI/325/11/2016.

Aclara que nunca fue atendido por el médico Mario Domínguez Juárez, que consta en la boleta de infracción con folio PC 214452 y según el certificado médico número 1065, además de resaltar que la juez cívico nunca lo agredió y sí consintió y omitió evitar que los elementos cometan el abuso de autoridad, lo que está anotado en el número de caso FGE/QR/BJ/11/7413/2016 con el que se abre la carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en la Unidad de Atención Temprana.      

A continuación miembros de la Dirección de Asuntos Internos le muestran fotografías de los policías que trabajaron el 26 de noviembre de 2016, en el Programa Conduce sin Alcohol (o alcoholímetro), en el horario de 19:45 a 5:00 horas del día siguiente. Las ve y exclama, mejor te digo quién no estuvo de ellos, a la pregunta si reconoce a sus agresores, las toma todas y se las entrega al agente. Éste se excusa y dice que faltan algunas por imprimir, las trae, cinco fotografías más, ahí está, aparece, el par de malos cuidadores de la ciudadanía. 

Ya en la Fiscalía. Ese mismo 30 de noviembre de 2016, una hora y media antes se abrió la carpeta de investigación en la Unidad de Atención Temprana ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con el número de caso FGE/QR/BJ/11/7413/2016.

Misma acta de denuncia que refiere el lesionado como víctima de la comisión de un hecho que la ley califica como abuso de autoridad y lesiones, texto que narra historia similar pergeñada en los párrafos iniciales de este apartado.

De acuerdo al orden cronológico de las acciones el herido denunciante entregó una copia por escrito, el 1 de diciembre de este año, en la segunda visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo). Personal que visitó e interrogó a los empleados del Centro de Retención Municipal.   

 

Defensa llena de erratas y falta de datos

Con evidentes faltas de ortografía y redacción, ausencia de datos básicos, nombres de funcionarios, incompleto y con información difusa el informe de la segunda visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), en el oficio número CDHEQROO/2973/2016/VG-II, expediente /VG/BJ/405/12/2016-3, autoridades policiales niegan las acusaciones contenidas en los documentos oficiales: Expediente administrativo SMSPT/DAI/325/11/2016 de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito; y el número de caso FGE/QR/BJ/11/7413/2016 con el que se abre la carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en la Unidad de Atención Temprana.

Sin aclarar a cuál juzgado cívico se refiere, declaran que el agredido fue golpeado en el Centro de Retención Municipal, mejor conocido como el Torito; lo que nunca aconteció, mucho menos denunciado por el lastimado ciudadano; otra imprecisión es la falta del nombre de la juez cívico en turno. Lo que sí asegura el ciudadano dañado en su físico fue por un par de policías antes de llegar al Torito; sin embargo el documento de marras indica que éste se comportó “prepotente y agresivo”; poniéndose ella la soga al cuello debido que como cita el señalado oficio de la  Cdheqroo, en el lugar existe un centro de monitoreo y cómputo, por lo tanto hay una filmación de lo que afirma.

Si es el caso, y ese día ““fallaron las cámaras”” nunca se podrá saber que una persona con las costillas rotas (sin él saberlo), agredió verbalmente al personal policiaco y que nunca existió un abuso de autoridad en el Centro de Retención Municipal; cierto, pero antes de llegar a ese lugar sí.

El colmo del cinismo se ostenta en la siguiente joya: la “…juez cívico signada…”, sic; otra caga…perdón, errata;  “…al operativo de alcoholímetro, manifiesta negar…”, como dicen allá en la tele, qué alguien me explique. “…todo acto de violencia por parte de los policías hacia el quejoso, toda vez que ella no permite ese tipo de situaciones…”.   

Es posible pensar que la orden médica para pacientes hospitalizados 108563328 6M67PE y la nota de alta Urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) miente, que las lesiones consignadas en el citado documento nunca señala que el paciente adolorido ingresó a la cama 03 de la clínica del IMSS de la Cobá, el 28 de noviembre de 2016, a las 11:30 horas, al área de Urgencias tras dos días después de la salvaje agresión policiaca porque el dolor intenso en el pecho era insoportable; de inmediato se le realizan todos los análisis clínicos y radiografías, con lo que se detectan tres costillas fracturadas, y se ve obligado a tomar analgésicos para soportar los dolores.

Después de ser hospitalizado, lo dieron de alta, el 29 de noviembre de 2016, a las 16:30 horas, para que esté en reposo en su domicilio, y consulte con su médico familiar, recetándole medicamentos para el dolor y desinflamantes como diclofenaco y paracetamol.    

A su reclamo de justicia y que se castigue a los agentes policiacos agresores, el señor Bernardo Peón Cardín, solicita que “se retire al o los funcionarios que están haciendo tanto daño a la ciudadanía”.

Él se preguntó ¿cuántos casos así existirán sin denunciar, y si la detención en el alcoholímetro incluye agresión policiaca?

Incómodo por la injusticia policiaca, sin cometer una falta administrativa ni delito alguno, de todas maneras tuvo que pagar a Tránsito municipal el remolque de su vehículo por una grúa del grupo Abimerhi; dinero que considera debe ser devuelto, ya que nunca cometió una infracción y sí salió dañado en su físico por el abuso de autoridad.     

Las autoridades tienen videos para comprobar sus dichos y se vea que nunca intenté correr de lo que se me acusa, dijo Peón Cardín.

 

Ciudadanos desprotegidos

Los ciudadanos sí que están desprotegidos debido a que las autoridades e instancias oficiales cuentan con los datos generales de un denunciado o golpeado por autoridades municipales como es el caso que se comenta, mientras los denunciados y agresores no proporcionan sus datos básicos como nombre, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, domicilio, ocupación, estado civil, grado de estudios, número telefónico, copia de la credencial de elector, y fotografías de frente y de perfil.         

El hecho que la ciudadanía esté desprotegida por la policía en lugar de sentirse protegida, es de terror, más si consideramos los 290 casos que atiende la Dirección de Asuntos Internos de la SMSPT, de quejas ciudadanas contra policías y agentes de Tránsito por inconformidades con el cobro de multas e infracciones, más los consabidos casos de violencia denunciados o no en la aplicación del operativo alcoholímetro.

Son 90 los casos atendidos en la actual administración municipal, a cargo del “verdeecologista” Remberto Estrada Barba, la mayoría por inconformidad en la actuación de los agentes de Tránsito sobre la aplicación de infracciones y/o el costo de las mismas, y también por asuntos irregulares en el accionar de los agentes que toman las medidas para aplicar, dentro de la ley o no el alcoholímetro.

La herencia del priista Paul Carrillo de Cáceres son 200 casos pendientes que dejó su anterior administración municipal, encabezada por Paul Carrillo de Cáceres. De ambas administraciones municipales hay 60 casos resueltos.

Breve conclusión de los 290 casos, del trienio que acaba de finalizar y del bienio que recién inició, de los 60 ya resueltos, otros (230) están en proceso por diversas quejas incluidas contra el alcoholímetro y otros pendientes que entraran a la Comisión de Honor y Justicia.

La violencia y la agresión física hacia los ciudadanos de parte de los policías parece ser inherente a su quehacer, si esto se acepta como algo natural, si es un asunto de terror y miedo.

La evidencia de la desprotección ciudadana, se dio con un caso similar al narrado, líneas arriba, que sucedió en noviembre, este que coincidencia, entre el 26 y 27 de agosto de este año 2016.

Resulta que un ciudadano estuvo toda la semana después de ser agredido por policías sin poder moverse con secuelas por una rótula lesionada.

Detenido esa noche, en la esquina de la avenida Kabah por Los Tules, en la supermanzana 248, sucede el modo de operar similar al primer caso, narra la litigante IMA, que defendió al ciudadano lesionado EHC. 

El detenido, repitió los pasos sopló tres veces sin que registrara alcohol, lo llevan al médico, qué raro nunca está, salvo que el presidente municipal llegue a visitar cómo funciona el alcoholímetro.

Tras la revisión del médico éste señaló que el individuo no presentaba ingesta de alcohol, mientras los agentes lo apuraban para que lo declarara ebrio. ¿Cómo si no tiene alcohol?, contestó el galeno. Espérenos vamos a hablar con él. Esto se narra en la queja interpuesta en la Dirección de Asuntos Internos de la policía municipal, en agosto pasado, que duerme el sueño de los justos.    

Golpeado dentro de la caseta, por los elementos, plenamente identificados, en su cuerpo, cayó al suelo y se apoyó sobre sus rodillas y resultó con una rodilla dislocada. Todo por no firmar la hoja aceptando que estaba bajo los efectos del alcohol, esto en virtud de que el ciudadano en tres ocasiones aliento soplando y con el médico salió sin efectos del alcohol y por negarse a pagar un moche de cinco mil pesos para dejarlo ir.

Hecho absurdo, pues no había más que la palabra de los policías del famoso alcoholímetro y elementos de Seguridad Pública para obligar a los que pasan por los retenes a firmar y pagar la cuota o irse al Torito.

Aunque el lesionado fue vejado y estuvo sin poder moverse una semana con secuelas por la rótula lesionada, ante las amenazas de los policías municipales de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, en la ciudad de Cancún, optó por dejar el asunto por la paz. A pesar que los agresores están bien identificados.

 

Corrupción inacabable

En el alcoholímetro robo entre grúas y Transito ante la infinita colusión de autoridades que aplican el alcoholímetro con los “coyotes”, de adentro y de afuera, de la Dirección de Tránsito, así como los que prestan los servicios de arrastre con grúas de los conductores beodos. De no denunciar un intento de cohecho la señora Sixta Zarate Méndez, los bandidos se saldrían con la suya.

Ella responsabiliza al señor Edgar Rodríguez, quien tiene su oficina dentro del edificio de la policía municipal cancunense, junto al consultorio médico, de “exigirle cinco mil pesos para retirar su vehículo del corralón. Además de quejarse del estratosférico costo del servicio de arrastre proporcionado por Grúas Peca”, esta empresa y otras más gozan de la irregular concesión leonina por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez, aclaró junto con ella en una rueda de prensa, este 23 de diciembre, otro quejoso, Humberto Aldana. 

Zarate Méndez añadió: “Rodríguez me aseguró que el coche saldría con una carta poder de mi marido y cinco mil pesos”. Y es que el esposo de la denunciante daba las vueltas para rescatar el vehículo, patrimonio familiar, retenido en el alcoholímetro, mientras el papá de sus hijos pasaba 25 horas, por conducir alcoholizado, en el Centro de Retención Municipal. Donde por cierto se le acercó una abogada y le ofreció un amparo*.   

Como de ninguna manera aceptó pagar lo solicitado y el tarjetón de su auto fue robado, hasta este día su auto sigue en el corralón pagando diario 55 pesos, desde el 2 de noviembre de este año.

En una rueda de prensa, este 23 de diciembre, junto con ella otro quejoso, Humberto Aldana, aclaró que la empresa Grúas Peca y otras más gozan de la irregular concesión leonina por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez, las que además de sus caros precios, esquilman a los usuarios cuando sus autos permanecen dentro de sus corralones, lo que obliga a que se instalen de nuevo los corralones municipales, y que ahí se garantice el buen estado de los vehículos y los bienes dentro de estos. 

Son tan exagerados los cobros por arrastre de las grúas en el alcoholímetro, por citar dos ejemplos, uno por 3 mil 800 pesos y otro por 9 mil 500 pesos; sin embargo, si uno solicita de manera individual un servicio de grúa, el costo fluctúa entre 300 y 700 pesos, reclamó.    

Un tercer reclamante, Héctor Contreras, exregidor y exdiputado local, destacó la urgencia de homologar los precios en el costo de los arrastres de las grúas, así como evitar la corrupción de Tránsito Municipal asociada con las empresas que prestan este servicio.

Asimismo las autoridades municipales deben pensar en instalar un centro de atención en las adicciones por alcoholismo, ya que este gobierno municipal tendrá un millonario presupuesto para este 2017 de 3 mil millones de pesos, 700 millones más obtenidod por los diputado del Partido verd, sumados 100 millones más a través del nuevo Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).  

 

* Nota de la redacción. Se supone que dentro de las acciones del Centro de Retención Municipal no se aceptan amparos, mucho menos tramitado por los mismos policías encargados de aplicar medidas punitivas conforme al derecho.

En el transcurso de la elaboración de este escrito, el 18 de diciembre, se publicó en las redes sociales que la patrulla número 5184 con seis detenidos choca y casi vuelca, cerca del Centro de Retención Municipal, al parecer por exceso de velocidad; mientras la información oficial indicó que el accidente fue provocado por uno de los detenidos, quien alcanzó a jalar el volante de la unidad policial. Lector, ¿usted le cree a la policía cancunense?

 

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Opcional

 

RECUADRO

 

Cronología de los hechos

 

26 de noviembre de 2016

Golpeado por un policía en el Torito

 

27 de noviembre de 2016

Adolorido permanece en su casa

 

28 de noviembre de 2016

Es hospitalizado

 

29 de noviembre de 2016

Es dado de alta del hospital

 

30 de noviembre de 2016

Se abre la carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en la Unidad de Atención Temprana con el número de caso FGE/QR/BJ/11/7413/2016

 

30 de noviembre de 2016

Expediente administrativo SMSPT/DAI/325/11/2016 de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito

 

1 de diciembre de 2016

Entrega una copia de la narración de los hechos a la segunda visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo)

 

13 de diciembre de 2016

La segunda visitaduría general de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) da respuesta a la copia de la narración de los hechos